La Ley VIFO (Ley para el Control de Inversiones Extranjeras en sectores vitales y tecnologías sensibles) ha sido implementada en los Países Bajos con el objetivo de salvaguardar la seguridad nacional en el ámbito de las nuevas inversiones. Esta normativa, culminada tras la publicación del Decreto sobre Tecnología Sensible y el Decreto sobre Aspectos Técnicos, busca proteger sectores vitales y tecnologías sensibles, asegurando que las transacciones que podrían representar un riesgo para el país sean evaluadas adecuadamente y otorgando al gobierno la facultad de examinar e incluso bloquear distintas actividades de inversión.
Dicha ley se aplica a transacciones específicas de empresas que operan en sectores vitales y tecnologías sensibles (esto incluye sectores como la energía, las comunicaciones, la infraestructura digital y el transporte, entre otros). Además, los operadores de campus empresariales también están sujetos a esta ley. De esta forma, los inversores extranjeros que realicen transacciones en los sectores y tecnologías cubiertas por la presente ley tienen la obligación de notificar dichas transacciones al ministerio competente. Además, existe la posibilidad de solicitar una notificación retroactiva en caso de que la transacción ya se haya llevado a cabo y es importante tener en cuenta que el incumplimiento de estas obligaciones conlleva consecuencias legales. Así pues, el ministro responsable llevará a cabo una evaluación de riesgos para la seguridad nacional de las transacciones notificadas y, durante esta evaluación, se considerarán diversos factores; como la integridad del inversionista o la influencia en la continuidad de los servicios vitales. Basándose en esta evaluación, se tomarán decisiones para aprobar, condicionar o prohibir una transacción.
Pese a que la ley se aplica sin distinguir entre inversores neerlandeses y extranjeros, es probable que su implementación tenga cierto impacto en futuras inversiones extranjeras ya que este nuevo régimen representa un cambio significativo en la política de inversiones de los Países Bajos, que hasta ahora se había mantenido abierta y liberal. Teniendo en cuenta que implica una carga administrativa adicional para inversores y empresas que participan en fusiones y adquisiciones en este tipo de sectores, recomendamos a los inversores, empresas y asesores que se preparen adecuadamente y cumplan con las obligaciones y requisitos establecidos por una ley que promete contribuir a mantener el orden democrático, los intereses estatales y la estabilidad social.